Traducción de un artículo publicado el jueves
en varios periódicos económicos alemanes, por su corresponsal en España:
Hoy, 6 de septiembre, se encuentran en Madrid los gobiernos de Alemania y
España, acompañados de un nutrido grupo de
empresarios, y donde seguro hablarán sobre las condiciones para
poder otorgar más ayudas financieras a España o a su sistema bancario. En los
dos lados se ha elevado el tono en los últimos meses y es con gran expectación
que España espera ahora la decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional
alemán, que esa sí es crucial, el día 12, sobre la conformidad o no del rescate
europeo y las obligaciones derivadas para los alemanes.
En Alemania crece la critica contra la supuesta
"mentalidad de fiesta" de los españoles; en España los medios cada
vez son más negativos con la supuesta dureza de la canciller Merkel.
Pensamos que la situación es mucho más compleja de lo que presentan ambos
gobiernos y la mayoría de los medios. España no es Grecia, pero España
puede ser un paciente crónico si Alemania, junto con Europa, no contribuye a
solucionar sus verdaderos problemas.
España no debería recibir más dinero sin que se cambie a
fondo el sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía política
aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin que se aumente la
participación ciudadana real en las decisiones políticas. Para no perpetuar la
crisis y endeudar a los españoles durante generaciones, el Gobierno español
debe reformar a fondo la administración de las comunidades autónomas y los
ayuntamientos, en su mayoría en bancarrota y completamente fuera de
control, sometiendo a referéndum el modelo de Estado.
Este tema es la clave del futuro de España, porque las
regiones, ayuntamientos y diputaciones son los responsables de los dos tercios
del gasto público -234.000 millones frente a 118.000 el Estado en 2011-,
excluyendo la Seguridad Social -23.000 millones-, y este gasto se realiza en
condiciones de descontrol, despilfarro y corrupción totalmente inaceptables.
Las razones verdaderas de la crisis del país, en consonancia con lo dicho, nada
tienen que ver con salarios demasiado altos -un 60 % de la población ocupada
gana menos de 1.000 euros/mes-, pensiones demasiado altas -la pensión media es
de 785 euros, el 63% de la media de la UE-15- o pocas horas de trabajo, como se
ha trasmitido a veces desde Alemania. A España tampoco le falta talento, ni
capacidad empresarial ni creatividad. Tiene grandes pensadores, creativos,
ingenieros, médicos excelentes y gestores de primer nivel.
La razón de la enfermedad de España es un modelo de
Estado inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción, impuesto por
una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y
económica, y con el poder judicial y los organismos de control a su
servicio. En España no existe separación de poderes, ni independencia
del poder judicial, ni los diputados representan a los ciudadanos, solo a los
partidos que los ponen en una lista. Todo esto lleva también a una economía
sumergida que llega al 20% del PIB y que frena la competencia, la eficacia y el
desarrollo del país. Además, detrae recursos con los que podrían financiarse
educación y sanidad.
Las ayudas para España, igual que para otros posible
candidatos de rescates, no deben ir a bancos ya casi en bancarrota y
fuertemente politizados. En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones
de dinero público en lugar de cerrarla; en Bankia, 23.000, y el Ejecutivo acaba
de darle 5.000 millones urgentemente para cubrir pérdidas en vez de cerrarla, y
además de forma tan extraña que despierta todo tipo de recelos. ¿Por qué se ha
utilizado el dinero de los españoles (FROB) en vez de esperar los fondos de la
UE? Es lícito suponer que la razón es la siguiente: los bancos no quieren
que la UE investigue sus cuentas.
Control estricto y duras condiciones. Ya el caso de Grecia
ha demostrado que las ayudas europeas tienen que estar vinculadas a un control
estricto y condiciones duras. Esas condiciones no pueden solamente representar
recortes sociales o subidas brutales de impuestos, como hace ahora el Gobierno
de Mariano Rajoy con la excusa de Europa . Se tiene que cambiar más en
España que cortar gasto social, que de todos modos es mucho más bajo que en
Alemania, y hay otros gastos infinitamente más relevantes que se pueden
eliminar. Además, los casos de corrupción resultan tan escandalosos, incluso en
el propio Gobierno, que uno solo puede llegar a una conclusión: el dinero
de Europa no puede ser manejado por personas tan increíblemente venales.
La pasada semana el ministro de
Industria Soria -imputado también por corrupción urbanística en
Canarias- acusó al ministro de Hacienda en el Consejo de Ministros de favorecer
descaradamente a la empresa líder de renovables, Abengoa, de la que había sido
asesor, en la nueva regulación de estas energías, que reciben más de 7.000 millones
de euros de subvenciones anualmente. Y Rajoy, al que entregó una carta
probatoria, ni dijo ni hizo absolutamente nada.
No puede permitirse por más tiempo este nivel de
corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes,
con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios
meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV
regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que
emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y
colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna. En conjunto,
unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran
anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.
Y con esto se tiene que acabar, entre otras cosas, porque
ya no hay dinero. Los últimos datos de las cuentas públicas conocidos la pasada
semana son escalofriantes. El déficit del Estado a julio ascendió al 4,62% del
PIB, frente a un déficit del 3,5% comprometido con la UE para todo el año (del
6,3% incluyendo regiones y ayuntamientos). Pero lo realmente inaudito es que
España está gastando el doble de lo que ingresa. 101.000 millones de gasto a
julio frente a 52.000 millones de ingresos, y precisamente para poder financiar
el despilfarro de regiones y ayuntamientos, que no están en absoluto
comprometidos con la consolidación fiscal.
El tema del déficit público es algo que roza la ciencia
ficción, y que ilustra perfectamente la credibilidad de los dos últimos
gobiernos de España. En noviembre de 2011, el Gobierno dijo que el déficit
público era del 6% del PIB; a finales de diciembre, el nuevo Gobierno dijo que
le habían engañado y que el déficit era superior al 8%, y que se tomaba tres
meses para calcularlo con toda precisión. A finales de marzo, se dijo que
definitivamente era del 8,5%, y ésta fue la cifra que se envió a Bruselas. Dos
semanas después, la Comunidad de Madrid dijo que sus cifras eran erróneas y el
Ayuntamiento de la capital igual… el déficit era ya del 8,7%.
Sin embargo, la semana pasada el INE dijo que el PIB de
2011 estaba sobrevalorado y, con la nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos
días después, Valencia dijo que su déficit era de 3.000 millones más; o sea,
que estamos en el 9,4% y las otras 15 CCAA y 8.120 ayuntamientos aún no han
corregido sus cifras de 2011. Lo único que sabemos es que están todas
infravaloradas. El déficit real de 2011 puede estar por encima del 11%, y en
2012 se esta gastando el doble de lo que se ingresa. Como dice el Gobierno de
Rajoy, “estamos en la senda de convergencia”. Y es verdad… de convergencia
hacia Grecia.
Claramente, la joven democracia española tiene todavía
muchos déficits de representatividad y de democracia que deberían interesar a
la canciller Merkel y también a Europa, si queremos evitar una Grecia
multiplicada por cinco y salvar el euro. Esto es lo que ha hecho posible el
despilfarro masivo de las ayudas europeas, con una asignación disparatada de
las mismas, a pesar de que estas ayudas han supuesto una cifra mayor que la del
Plan Marshall para toda Europa.
Es frustrante que a causa de este sistema oligárquico
nepotista y corrupto se destroce talento y creatividad y que ahora muchos
jóvenes se vean forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania. Esa situación
nos ha llevado a una distribución de riqueza que es de las más injustas de la
OECD. La antaño fuerte clase media española está siendo literalmente
aniquilada.
Resumiendo: no es una falta de voluntad de trabajo, como
se piensa tal vez en algunos países del norte de Europa, lo que hace que España
sufra la peor crisis económica de su Historia. Es un sistema corrupto e
ineficiente. La crítica del Gobierno alemán y sus condiciones para un rescate
de España se deberían concentrar en la solución de esos problemas. En caso
contrario, solo conseguirán que una casta política incompetente y
corrupta arruine a la nación para varias generaciones.
*Stefanie Claudia Müller es corresponsal
alemana en Madrid y economista.
¿No cregueu que seria perfectament extrapolable a lo que ha passat al nostre poble i que ara estem pagant les consequències?
